Durante años, muchas empresas en Chile entendieron la fiscalización como un ejercicio principalmente numérico: declaraciones bien presentadas, impuestos pagados y formularios al día. Ese enfoque hoy quedó corto.
En la práctica actual, el Servicio de Impuestos Internos ha consolidado un modelo de fiscalización que va más allá del error formal y pone el foco en la coherencia entre la operación real del negocio y las decisiones legales que la sostienen.
Este cambio no es nuevo, pero sí más visible y consistente hacia 2025 y 2026. La masificación de la información electrónica —documentos tributarios, registros societarios, contratos, relaciones entre partes— permite al SII analizar no solo cuánto declara una empresa, sino cómo está estructurada y por qué opera de esa forma.
En ese contexto, figuras como la Norma General Antielusión (NGA), vigente desde hace años, adquieren un peso práctico mayor. No se trata de perseguir estructuras legítimas, sino de evaluar si la forma jurídica adoptada refleja una sustancia económica real, o si existe una desconexión entre lo que se declara y lo que efectivamente ocurre en la operación.
Esto tiene implicancias directas para las empresas. Decisiones societarias, modelos contractuales, relaciones entre empresas relacionadas o esquemas de prestación de servicios ya no son solo temas legales internos.
Hoy forman parte del análisis tributario cuando se revisa la consistencia global del negocio. Una estructura mal pensada no siempre genera un problema inmediato, pero sí puede transformarse en un punto de fricción frente a procesos de revisión o fiscalización.
Desde nuestra experiencia, el mayor desafío hoy no es reaccionar ante una fiscalización, sino anticipar cómo se van a leer las decisiones legales cuando se miran en conjunto. Muchas estructuras fueron pensadas en otro momento del negocio, bajo otras prioridades, y hoy conviven con operaciones más complejas, relaciones nuevas y mayor exposición.
Acompañar este escenario requiere algo más que revisar documentos. Requiere entender el negocio, su lógica operativa y cómo esa realidad se traduce en decisiones legales coherentes y defendibles. Ese es el espacio donde el derecho corporativo deja de ser reactivo y pasa a cumplir un rol estratégico.
Para las empresas que miran hacia 2026, revisar a tiempo sus estructuras legales no es una señal de problema, sino de madurez. Contar con una mirada externa, experta y con conocimiento del contexto chileno permite ajustar, ordenar y proyectar decisiones antes de que se transformen en puntos de fricción.
En Necochea acompañamos a empresas que se encuentran exactamente en ese punto: cuando cumplir ya no es suficiente y se vuelve necesario entender, alinear y anticipar.